Las regiones fronterizas suelen ser de las zonas más deprimidas de 1a Unión Europea. Generalmente alejadas de los centros de decisión política, con deficientes comunicaciones y barreras jurídicas y culturales coartando su desarrollo, las regiones fronterizas han vivido tradicionalmente de espaldas a la realidad del otro país, más pendientes de reclamar la atención de su capital nacional que de mirar por encima de los puestos fronterizos y procurar una colaboración fructífera con sus mis inmediatos con sus más inmediatos vecinos.
Como precedente más inmediato de la cooperación transfronteriza entre las regiones citadas, hay que destacar la elaboración por parte de los Gobiernos nacionales de España y Portugal, (en sus primeros borradores de Planes de Desarrollo Regional de regiones objetivo 1), de un ambicioso programa transfronterizo denominado "Programa Operativo de Desarrollo de las Regiones Fronterizas de España y Portugal 1989-1993". Al aprobarse por la Comisión Europea la iniciativa INTERREG, por la que se establecen las directrices para los programas operativos para las zonas fronterizas, se adaptó aquél Programa Operativo al montante de ayudas de los Fondos Estructurales destinados a INTERREG, ajustándose también el período de ejecución que pasó a ser 1990-1993. A partir de este momento se abría una nueva etapa que iba a impulsar decididamente la cooperación transfronteriza, al crearse un programa comunitario específico para las zonas fronterizas, dotado con unos fondos destinados a paliar paulatinamente el retraso estructural de las citadas zonas.
Por otra parte, el artículo 6.2.h del Estatuto de Autonomía de Extremadura señala entre los objetivos que debe presidir la actuación de los poderes públicos extremeños el de "impulsar el estrechamiento de los vínculos humanos, culturales y económicos con la nación vecina de Portugal".
En cumplimiento de este mandato estatutario, la Junta de Extremadura ha suscrito sendos Protocolos de Cooperación con las Comisiones de Coordinación de las regiones portuguesas de Alentejo (17 de enero de 1992) y Centro (27 de mayo de 1994). Cada uno de estos Protocolos constituye un instrumento independiente, de carácter no normativo (no modifica en modo alguno el régimen de competencias de cada región que viene determinado por los derechos internos español y portugués), que incorpora el compromiso mutuo por parte de cada una de las entidades firmantes de trabajar en la tarea de sentar las bases que permitan la creación, y el ágil funcionamiento, de estructuras estables de cooperación transfronteriza.
Cada uno de los citados Protocolos (suscrito al amparo del Convenio Marco Europeo sobre Cooperación Transfronteriza entre Comunidades o Autoridades Territoriales, acordado en Madrid en 1980), establece una estructura de trabajo para alcanzar los objetivos previstos en los mismos. Estos objetivos pueden resumirse en la elaboración y ejecución de programas y proyectos de interés común, aprovechando al máximo los recursos existentes, y en el favorecimiento de todo tipo de relaciones entre entidades, organizaciones y asociaciones que, situadas a ambos lados de la frontera, pueda contribuir al desarrollo sostenible de estas regiones.
Las estructuras de trabajo creadas, muy similares en ambos Protocolos, vienen determinadas por un Grupo de Trabajo y una serie de Comisiones Específicas o Técnicas. El Grupo de Trabajo de cada protocolo es el órgano responsable de la coordinación y de la planificación general de los trabajos de cooperación. Se reúne, al menos, dos veces al año y está integrado por los responsables de cada región de cada una de las Comisiones Específicas o Técnicas. Las reuniones de los Grupos de Trabajo son presididas por los máximos responsables políticos en materia de cooperación transfronteriza. Las Comisiones Específicas sirven para dotar de operatividad los trabajos de cada Protocolo y en ellas se reúnen los responsables regionales de cada área o sector de actividad.
El Protocolo firmado entre Extremadura y la región del Alentejo no establecía ningún tipo de órgano u oficina de carácter técnico administrativo que garantizase un contacto fluído y permanente entre las diversas instituciones que debían intervenir en los trabajos de cooperación. La necesidad de una oficina de este tipo se hizo patente nada más iniciarse los contactos que siguieron a la firma del protocolo, en 1992, pues tanto el idioma como la diferente estructura administrativa de cada región, entre otros factores, constituían obstáculos para la buena marcha de los trabajos.
Para paliar este problema
fue presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG el proyecto titulado
"Gabinete de Inciativas Transfronterizas" (G.I.T.) que, cofinanciado
al principio con un 70% y luego, 1995-1999, al 75% por la Comisión
Europea, comenzó a funcionar en septiembre de 1993. Este Gabinete
se estructura en dos núcleos, uno en Mérida (dependiente
del Servicio de Acción Exterior, Presidencia, Junta de Extremadura)
y otro en Évora (tutelado por la Comisión de Coordinación
de la Región del Alentejo). Los buenos resultados obtenidos por
el G.I.T. en el ámbito del Protocolo con el Alentejo hicieron aconsejable
la creación de una oficina similar que facilitase las actividades
de cooperación entre Extremadura y la región Centro.

Todas estas actividades han contribuido a un primer acercamiento entre administraciones regionales y locales, universidades y centros de estudio e investigación, asociaciones profesionales y juveniles, empresarios y, en general, entre los ciudadanos de Extremadura, Alentejo y Centro.